lunes, 1 de diciembre de 2014

Contabilización del importe satisfecho en concepto de canon de entrada a una franquicia


Trasladamos aqui el texto de la Consulta nº 4 del BOICAC 99/SEPTIEMBRE/2014 sobre la contabilización del importe satisfecho en concepto de canon de entrada a una franquicia.

Respuesta

La consulta versa sobre el tratamiento contable del importe satisfecho por el franquiciado en contraprestación del canon de entrada a una franquicia, cuyo contrato tiene una duración de cinco años y es prorrogable por acuerdo de ambas partes. 


“7. Contratos de franquicia. 

1. La actividad comercial en régimen de «Franquicia», es aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: 

a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato. 

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y 

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente. 

2. El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabilizará como un inmovilizado intangible cuando se cumplan los requisitos establecidos a tal efecto en el apartado 2.1 de la norma segunda de la presente Resolución. 

Si los términos del acuerdo obligan a la empresa a realizar pagos anuales al franquiciador a lo largo de la vida del contrato, el valor actual de los citados compromisos no se incluirá en el precio de adquisición del activo salvo que a la vista de los términos del acuerdo exista un arrendamiento financiero implícito de un inmovilizado material, en cuyo caso la operación deberá contabilizarse de acuerdo con la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad sobre arrendamientos y operaciones de naturaleza similar. 

3. Este derecho deberá amortizarse de forma sistemática durante el periodo en que contribuya a la obtención de ingresos, no pudiendo exceder el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas que se pudiesen acordar. 

4. Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, circunstancia que deberá quedar claramente especificada en la memoria de las cuentas anuales, se deberá registrar la oportuna corrección valorativa por deterioro.” 

A efectos del criterio de reconocimiento, en la norma segunda de la citada Resolución, se establece: 

Segunda. Criterio general de reconocimientoidentificabilidad. 
1. Reconocimiento inicial. 

1. El reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible requiere cumplir los criterios generales recogidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad del Plan General de Contabilidad. Es decir, cumplir la definición de activo y los criterios de reconocimiento, sin perjuicio de los criterios especiales recogidos en la presente Resolución para los gastos de investigación. 

2. El registro de un inmovilizado intangible procederá cuando, cumpliéndose la definición de activo del Plan General de Contabilidad, se cumplan los siguientes criterios: 
a) Sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro; y 
b) se pueda valorar de manera fiable

2. Identificabilidad. 

1. Adicionalmente, para reconocer un inmovilizado de naturaleza intangible es preciso que se cumpla el criterio de identificabilidad, lo cual implica que el activo reúna alguno de los siguientes requisitos: 
a) Ser separable, es decir, susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación. 
b) Surgir de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones. (….)” 

De acuerdo con lo indicado, la calificación contable del importe satisfecho por la empresa franquiciada en concepto de canon de entrada vendrá condicionada por su proyección económica futura. Es decir, por su contribución a la obtención de ingresos futuros y su recuperación, desde una perspectiva económica racional, a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Si estas circunstancias concurren, deberá calificarse como un activo y, en particular, como un inmovilizado intangible que con posterioridad a su reconocimiento inicial será objeto de amortización y, en su caso, corrección valorativa por deterioro. A la vista de la información facilitada en el escrito de consulta, salvo mejor evidencia de lo contrario, la vida útil del activo será de cinco años.

Calificación contable del mobiliario adquirido por una empresa destinado a la exposición en tiendas y ferias.


Trasladamos aqui el texto de la Consulta Nº 8 del BOICAC 98/JUNIO/2014 sobre la calificación contable del mobiliario adquirido por una empresa destinado a la exposición en tiendas y ferias.


"Del texto de la consulta parece desprenderse que una empresa dedicada a la compraventa de mobiliario de viviendas, ha adquirido mobiliario destinado a la exposición en tienda y ferias y que, posteriormente, pasados dos años podría vender.

Respuesta

El consultante pregunta si este mobiliario de exposición debe estar contabilizado en el activo de la empresa como inmovilizado material o como existencias.

De acuerdo con las definiciones incluidas en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en el activo no corriente y, en particular, en el inmovilizado material se presentan los bienes destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Por su parte, las existencias son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Por lo tanto, con carácter general, tendrán la consideración contable de existencias los elementos destinados a la venta como actividad ordinaria de la empresa, y aquellos elementos vinculados a la empresa de manera permanente pertenecerán al inmovilizado, calificándose como inmovilizado material cuando sean de naturaleza tangible y no deban calificarse como inversiones inmobiliarias.

Salvo en relación a esta última categoría, la entrada en vigor del PGC no ha supuesto un cambio relevante en estos conceptos, por lo que para otorgar un adecuado tratamiento contable al caso que nos ocupa cabría traer a colación el criterio de este Instituto publicado en la consulta número 3 del BOICAC nº 52 sobre los efectos de la utilización de un activo en su calificación contable como existencias o inmovilizado, en los siguientes términos:

“Por consiguiente, el criterio delimitador aplicable a un elemento para adscribirlo al inmovilizado es el destino al que va a servir de acuerdo con el objeto propio de la actividad de la empresa. En otras palabras, es la función que desempeña en relación con la actividad objeto de explotación, la causa determinante para establecer su pertenencia al inmovilizado, con preferencia sobre la naturaleza del bien concreto u otras consideraciones como pudiera ser el plazo. 
(…)
De acuerdo con lo anterior, resulta fundamental determinar en qué situaciones se entiende que un inmovilizado ha sido utilizado; en concreto, para aquellos activos en que teniendo una utilización mínima o irrelevante, se destinan a ser incorporados al ciclo de comercialización de la actividad ordinaria de la empresa.

A este respecto, se entiende que en la medida en que el destino a que se ha hecho referencia anteriormente para calificar los bienes como inmovilizado sea irrelevante respecto a la utilidad del propio bien, en términos cuantitativos y cualitativos, deberá atenderse a la verdadera naturaleza de la operación, circunstancia que supondrá que aquellos activos destinados a la venta como una parte de la actividad de comercialización propia de la sociedad, deberán formar parte, en su caso, de las existencias de las mencionadas empresas, sin que una utilización mínima o accidental debiera limitar ni alterar la verdadera calificación que procediera otorgar al bien.”

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, tendrá la consideración contable de existencias todo el mobiliario destinado a incorporarse o que se haya incorporado al ciclo de comercialización, que constituye el objeto propio de la actividad económica de la empresa. Por el contrario, el mobiliario destinado a la exposición en tienda y ferias que ha sido objeto de utilización para un fin distinto del de la actividad ordinaria, y por tanto, no va a ser vendido en el curso normal de la explotación, tendrá, a efectos contables, la naturaleza de inmovilizado.

viernes, 24 de octubre de 2014

Grupo de Derecho del Consumo - España en Linkedin ... ya somos 500





El grupo de "Derecho del Consumo - España" en Linkedin acaba de superar los 500 miembros. El grupo es un foro de debate e intercambio de ideas entre los distintos profesionales e investigadores interesados en la materia.

Gracias a sus miembros, el grupo es muy activo y, desde estas líneas quiero agradecer a todos la participación y el espíritu de colaboración existente.



He recibido mucho de vosotros desde su creación y espero que con la participación de todos, podamos seguir creciendo y aprendiendo.






domingo, 12 de octubre de 2014

Si no quieres caldo, toma dos tazas. Tasas Judiciales en Cataluña





Si Ud tiene que reclamar un derecho ante los tribunales de Catalunya, ya puede ir presentando la demanda el lunes martes (*porque a partir de la semana que viene tendrá que pagar dos tasas judiciales, la estatal y la autonómica.

La regulación no es nueva pero, hasta ahora, la norma tenía suspendidos sus efectos por estar recurrida ante el Constitucional por el Gobierno.

Este viernes el ICAB informaba que el decano del ICAB ha recibido comunicación de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de la Generalitat indicando que la semana que viene se publicarán dos normas:

  • Orden del Consejero de Justicia por la que se establece el procedimiento  y plazos de autoliquidación de la tasa regulada en la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Catalunya, que fue aprobada por Decreto legislativo 3/2008 de 25 de junio (modificada por Decreto-Ley 1/2014 de 3 de junio de 2014)

  • Resolución que aprueba los modelos oficiales de autoliquidación y establece las condiciones para su presentación.


Parece que está previsto que entren en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC, es decir, que las demandas previstas, ya pueden irse presentando urgentemente el lunes martes (*para evitar sustos y costes adicionales.



    (*) Lunes 13 de octubre, aún no constan publicadas en el DOGC

    La abogacía lleva años luchando para que se eliminen las tasas judiciales .... y sumando.

    Os dejamos link al Manifiesto de la Abogacía.










    martes, 7 de octubre de 2014

    Competencia: buzón de colaboración, denuncia, programa de clemencia ¿son lo mismo?


    Fuente: Prensa CNMC 7 de Octubre de 2014




    La CNMC acaba de habilitar un buzón de colaboración para empresas y ciudadanos, contando con ellos en sus investigaciones.

    1) El nuevo Buzón de Colaboración con la CNMC en investigaciones de competencia:


    Se ha creado el "Buzón de colaboración con la CNMC"  en la web de la CNMC por la dificultad de detectar prácticas contrarias a la competencia.  Ejemplos:

    • acuerdos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, 
    • el reparto de los mercados o de los clientes, 
    • el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.
    Mailbuzoncolaboracion@cnmc.es

    Teléfonos: +34 915369069 y+34915369061.


    ¿A quién va dirigido el buzón de colaboración? Cualquier empresa o ciudadano que desee colaborar con la CNMC y que pueda tener información relevante sobre estas prácticas ilegales contrarias a la competencia y desee colaborar sin necesidad de presentar una denuncia formal.


    2) El buzón de colaboración no es una Denuncia


    A través del buzón de colaboración se puede aportar información sin necesidad de presentar una denuncia formal sobre los hechos.


    Si lo que se desea es presentar una Denuncia formal, el procedimiento y requisitos los podemos encontrar en la página web de la CNMC:


    http://www.cnmc.es/es-es/competencia/c%C3%B3moformularunadenuncia.aspx 


    3) Otra instrumento distinto y que no hay que confundir, es el programa de clemencia


    El programa de clemencia supone, para las empresas que forman parte de un cártel una vía de salida, ya que, si cumplen determinados requisitos, podrán beneficiarse de la exención o reducción en el pago de la multa que les habría correspondido por su participación en el acuerdo prohibido.

    Os dejamos un video explicativo de los programas de clemencia




    viernes, 3 de octubre de 2014

    Nuevo régimen sancionador del comercio



    Con la aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicio se pretendía liberar al comercio minorista de las trabas que los procesos para la obtención de licencias de apertura y actividad suponía a los empresarios.

    De esta forma, se pasaba de un control ex-ante a un control ex-post, reduciendo la carga administrativa y el coste en tiempo y recursos que suponía la obtención de las correspondientes licencias.

    La Ley 12/2012, en su Disposición final decimotercera, instruía al gobierno para que presentara un proyecto de ley, regulando las infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en la norma.


    Nuevo régimen sancionador:

    Esta mañana, el Consejo de Ministros, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que incluye, entre otros, un régimen sancionador específico para las infracciones administrativas en el ámbito comercial.

    El régimen sancionador es el instrumento con el que las Administraciones competentes en materia de inspección y control puedan corregir posibles incumplimientos y garantizar la seguridad de los consumidores en el ámbito del comercio.

    La norma es de carácter básico y de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la regulación que puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, p.e. podrán ampliar las sanciones económicas y establecer sanciones no pecuniarias.

    De esta forma, el nuevo régimen sancionador delimita y fija las sanciones correspondientes para las infracciones según su tipificación como

    Ø  Leves: inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en los datos o manifestaciones recogidos en las declaraciones responsables o comunicaciones previas
    Ø Graves: inicio de la actividad comercial sin la declaración responsable o comunicación previa, falta de comunicación en los casos de cambio de titularidad, falsedad u omisión de datos de carácter esencial; carecer de proyecto técnico en caso necesario, obstaculizar el ejercicio de las funciones inspectoras y

    Ø  Muy graves: Reiteración o reincidencia de infracciones graves.

    Estaremos atentos a la publicación del texto de la norma estatal y de las autonómicas que, sin duda, se irán aprobando haciendo uso de sus competencias.

    martes, 30 de septiembre de 2014

    Servicios Gatuitos o Gratuitos? Sanción a Vodafone







    En el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del día de hoy, se hace pública la sanción impuesta a Vodafone España, SAU por entender la Agencia Catalana de Consumo que, la empresa ha realizado publicidad que induce o puede inducir a error, engaño o confusión a los consumidores.

    El organismo considera que la palabra "GATUITOS" en la publicidad de la empresa, supone un acto de engaño desleal, al entender que el mensaje principal se puede confundir con la palabra "GRATUITO", dando a entender que se pudiera tratarse de un servicio gratuito, cuando no lo es.

    Esta publicidad le ha supuesto a Vodafone la imposición de varias sanciones económicas, por un importe total de 25.000 euros así como la sanción accesoria de publicidad de la misma.

    A la vista de la publicidad, si no fuese una empresa tan potente, parecería que el equipo comercial y marketing que ha desarrollado las tarifas y publicidad no está bien asesorado.

    Como probablemente no sea éste el caso, puesto que la empresa cuenta con recursos internos suficientes, el asunto nos parece, fuera de cualquier consideración jurídica, grosero. Entendiendo perfectamente las posiciones de los equipos comerciales, creativos publicitarios y necesidad de comercialización de la empresa, en ocasiones, nos podemos encontrar con áreas grises, pero no generar situaciones de confusión tan claras.

    Los prestadores de servicios básicos tienen, según el Código de Consumo de Catalunya, especiales obligaciones para con sus clientes. La multa probablemente sea pequeña dado el posicionamiento y volumen de ventas de la compañía y, hasta la fecha, prácticas similares, cuando han sido sancionadas, fácilmente compensen al operador.

    Ahora bien, vistas las resoluciones judiciales de los últimos años con relación a las prácticas de las entidades financieras y, volviendo al refranero español, cuando las barbas de tu vecino veas pelar ....

    miércoles, 10 de septiembre de 2014

    Los instrumentos financieros estarán señalizados como las neveras, por colores?































    Visto lo visto, parece que la normativa general de consumidores y la de productos financieros, MiFiD incluída, no es suficiente para que se llegue a un entente y se realice una comercialización adecuada e informada de los productos financieros.


    La CNMV plantea que la información que se facilite al cliente, dada su complejidad, características de riesgo y, en atención a quién van dirigidos, vaya adecuadamente señalizada por colores, igual que los electrodomésticos (etiqueta energética), o los inmuebles (certificado de eficiencia energética).


    Para ello, la CNMV ha elaborado un documento de consulta que pone a disposición del público 




    Consulta de la CNMV relativa a un sistema de clasificación  de instrumentos financieros e identificación de productos especialmente complejos. 

    Teniendo en cuenta las respuestas recibidas en el proceso de consulta se elaborará una Circular con las áreas que entienda necesarias para reforzar la transparencia en determinados productos (escenarios de rentabilidad con probabilidad de ocurrencia e información sobre el valor razonable en operaciones entre inversores institucionales).

    El período de contestación a la consulta finaliza el 30 de septiembre de 2014.

    miércoles, 14 de mayo de 2014

    LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS BICICLETAS - Actualización y modernización de la regulación


    Pierre Lallemant montando su invención (c.1870)
    See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons
    El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto en el que se regulan los requisitos para la comercialización y puesta en servicios de bicicletas y otros ciclos, sus partes y sus piezas, que pretende modernizar la actual regulación y reducir las cargas administrativas. 
    A la espera de publicación en el BOE de la norma en cuestión, recordamos el texto del Proyecto de Real Decreto y os dejamos la referencia de la aprobación por el Consejo de Mnistros.


    Referencia del Consejo de Ministros

    Madrid, viernes, 09 de mayo de 2014
    ...
    ACTUALIZADA Y MODERNIZADA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS BICICLETAS
    • Con el fin de garantizar la seguridad de las bicicletas y su libre circulación, se moderniza la regulación en materia de seguridad e incorpora los triciclos y cuadriciclos.
    • El objetivo del Real Decreto es reducir las cargas administrativas al sustituir la homologación tipo por una conformidad del fabricante.
    El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las bicicletas y otros ciclos, y de sus partes y piezas, que tiene como objetivo modernizar la regulación existente y reducir las cargas administrativas.

    Entre los aspectos más importantes destaca la definición del "ciclo" como todo vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales.

    Entran dentro de esta categoría las bicicletas de paseo, las de carrera, las de montaña, las bicicletas para niños, los ciclos de más de dos ruedas (triciclos y cuadriciclos), los ciclos con asistencia eléctrica y las bicicletas EPAC (Ciclos con Poder Eléctrico Asistido, recogidos en la norma europea EN 15194), así como los accesorios de todos ellos.

    La nueva normativa establece, además, los requisitos que deben reunir los ciclos, la definición de sus partes y las piezas que vayan a ser comercializadas o utilizadas en el territorio nacional. Los vehículos contarán con la documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones fijadas, de un manual de instrucciones y de una placa, bien visible, en la que se recojan todas sus características. Los fabricantes y distribuidores serán los responsables del cumplimiento de estos requisitos técnicos y de su conformidad con la normativa que les sea aplicable.

    Desaparece el control previo por parte de las Administraciones Públicas

    Por otro lado, desaparece el control previo por parte de las Administraciones Públicas en la homologación de la bicicleta y se sustituye por una "declaración de conformidad" por parte de los agentes económicos. Eso supone una reducción de cargas administrativas.

    Las Comunidades Autónomas serán quienes vigilarán que todos los ciclos comercializados en territorio español cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto.

    El texto recoge un régimen sancionador mediante la simple remisión al sistema de infracciones y sanciones previsto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

    viernes, 2 de mayo de 2014

    Las entidades financieras tributarán por las viviendas vacías en Cataluña


    La Generalitat ha preparado un Anteproyecto de ley del impuesto sobre las viviendas vacías que publica para permitir la participación de la ciudadanía. El Anteproyecto se somete a información pública (15 días hábiles a contar desde el siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del edicto por el que se somete a información pública).

    Para consultar el anteproyecto: en el tablón de anuncios del Departamento; también se puede examinar la documentación preceptiva en la sede central del Departamento de Economía y Conocimiento (rambla de Cataluña, 19-21, 08007 Barcelona), en horas de oficina.



    Las observaciones, sugerencias o alegaciones se pueden remitir mediante formulario de contacto, o en la misma sede del Departamento de  Economía y Conocimiento.
    En el momento de escribir estas líneas, el anteproyecto aún no está visible en el tablón de anuncios, pero os dejamos transcripción de la información facilitada por la Generalitat en su página web:

    "El Gobierno inicia los trámites del Anteproyecto de ley del impuesto sobre las viviendas vacías

    El nuevo gravamen afectará a los pisos propiedad de entidades financieras que lleven al menos dos años vacíos y estén situados en los 70 municipios con demanda acreditada de vivienda

    Las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social estarán exentas de la aplicación de este gravamen.
    El establecimiento de este impuesto se desprende de la Ley del derecho a la vivienda, que prevé las medidas para que las viviendas desocupadas injustificadamente se incorporen al mercado.

    El Gobierno ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley para crear un impuesto sobre los pisos vacíos, iniciando así los trámites de este nuevo gravamen. Esta medida tiene como objetivo estimular las entidades financieras propietarias de una importante bolsa de pisos para que los pongan en alquiler. Se calcula que el impuesto afectará como mínimo a 15.000 pisos en manos de entidades financieras en los 70 municipios con mayor demanda de vivienda y se estima que tributará una media anual de entre 850 y 1.650 euros por vivienda vacía.

    El Anteproyecto de ley prevé aplicar el impuesto en el caso de viviendas desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. Las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social estarán exentas de la aplicación de este gravamen.
    La cuota de este impuesto seguirá, según la superficie construida de las viviendas vacías, la escala siguiente:
    • Hasta 10.000 m2 de viviendas vacías: entre 3 y 6 euros/m2
    • Entre 10.000 m2 y 50.000 m2 de viviendas vacías: entre 7 y 10 euros/m2
    • A partir de los 50.000 m2 de viviendas vacías: entre 11 y 20 euros/m2.

    El Anteproyecto prevé un conjunto de bonificaciones, en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler el titular, bien directamente o bien cediéndolos a bolsas de mediación para el alquiler social a las administraciones o a las entidades sociales. Las bonificaciones son las siguientes:
    • Si el titular destina del 5 al 10% de las viviendas a vivienda asequible, obtendrá una bonificación del 10% de la cuota.
    • Si destina entre el 10 y el 25% a vivienda asequible, se beneficiará de una bonificación del 30%.
    • Entre el 25 y el 40%, tendrá un 50% de bonificación de la cuota.
    • Si destina más del 40%, la bonificación será del 75%.

    Una demanda creciente de alquiler social
    La situación de crisis económica ha reducido hasta mínimos históricos la demanda de viviendas de compra, mientras que se ha incrementado la de alquiler, especialmente a un precio asequible para la mayoría de la población. En este sentido, se estima que en Cataluña hay unos 80.000 pisos, sólo de nueva construcción, pendientes de vender.
    Una parte importante de este stock acumulado se encuentra en manos de entidades financieras, a falta de compradores. Además de no contribuir a paliar la creciente demanda social de vivienda de alquiler, este hecho va acompañado a menudo de problemas de falta de mantenimiento de los pisos y de su ocupación ilegal. Se trata de situaciones conflictivas que acaban revirtiendo en los ayuntamientos, que son los que las tienen que afrontar en primera línea.
    Es por este motivo que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha considerado adecuado establecer un impuesto destinado a las entidades financieras que tengan pisos vacíos durante al menos dos años en los 70 municipios con fuerte demanda de vivienda.

    Incrementar el parque de pisos para alquiler social
    El impulso en el establecimiento de este impuesto se desprende de la Ley del derecho a la vivienda, que prevé una serie de medidas para que las viviendas desocupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada demanda, se incorporen al mercado por medio, si es necessario, de la intervención de las administraciones. Por otra parte, la regulación de este impuesto complementará las diversas medidas que se incluirán en el Plan para el derecho a la vivienda, cuya tramitación es a punto de finalizar.
    Aparte de esta actividad normativa, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, mediante la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), ha impulsado diversas medidas para incentivar la salida de pisos vacíos en el mercado de alquiler a precios asequibles. Así, el año pasado firmó un convenio con CatalunyaCaixa para la cesión de 400 pisos destinados a su programa de mediación para el alquiler social. Recientemente se ha alcanzado un acuerdo similar con Bankia, por 230 pisos más, y próximamente se firmará la cesión de 600 viviendas por parte de la Sareb."

    martes, 11 de marzo de 2014

    "Consumers, by definition, include us all" John F. Kennedy


    El próximo sábado, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

    Hace  ya 52 años, el 15 de marzo de 1962 el Presidente de los EEUU, John F. Kennedy, se dirigíó al Congreso de su país con su Mensaje especial al congreso sobre protección de los intereses de los consumidores (Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest).

    El Sr Kennedy, ya enunció cuatro derechos esenciales de los consumidores que extracto del texto completo de su Mensaje Especial (Al final de la entrada se incorpora copia del texto original completo y transcripción para facilitar su lectura, junto con el audio que grabó JFK):

    "These rights include:

    (1) The right to safety--to be protected against the marketing of goods which are hazardous to health or life.

    (2) The right to be informed--to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labeling, or other practices, and to be given the facts he needs to make an informed choice.

    (3) The right to choose--to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices; and in those industries in which competition is not workable and Government regulation is substituted, an assurance of satisfactory quality and service at fair prices.

    (4) The right to be heard--to be assured that consumer interests will receive full and sympathetic consideration in the formulation of Government policy, and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals."

    Este es un pequeño homenaje y el recordatorio de que la mayoría de las cosas ya están dichas.


    President John F. Kennedy Delivers Remarks on Consumer Interest 15 March 1962
    Abbie Rowe, White House Photographs, John f. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston

    John F Kennedy. 
    Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest.
    March 15, 1962

    "To the Congress of the United States:
    Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the only important group in the economy who are not effectively organized, whose views are often not heard.
    The federal Government--by nature the highest spokesman for all the people--has a special obligation to be alert to the consumer's needs and to advance the consumer's interests. Ever since legislation was enacted in 1872 to protect the consumer from frauds involving use of the U.S. mail, the Congress and Executive Branch have been increasingly aware of their responsibility to make certain that our Nation's economy fairly and adequately serves consumers' interests.
    In the main, it has served them extremely well. Each succeeding generation has enjoyed both higher income and a greater variety of goods and services. As a result our standard of living is the highest in the world--and, in less than 20 years, it should rise an additional 50 percent.
    Fortunate as we are, we nevertheless cannot afford waste in consumption any more than we can afford inefficiency in business or Government. If consumers are offered inferior products, if prices are exorbitant, if drugs are unsafe or worthless, if the consumer is unable to choose on an informed basis, then his dollar is wasted, his health and safety may be threatened, and the national interest suffers. On the other hand, increased efforts to make the best possible use of their incomes can contribute more to the well-being of most families than equivalent efforts to raise their incomes.
    The march of technology--affecting, for example, the foods we eat, the medicines we take, and the many appliances we use in our homes--has increased the difficulties of the consumer along with his opportunities; and it has outmoded many of the old laws and regulations and made new legislation necessary. The typical supermarket before World War II stocked about 1,500 separate food items--an impressive figure by any standard. But today it carries over 6,000. Ninety percent of the prescriptions written today are for drugs that were unknown 20 years ago. Many of the new products used every day in the home are highly complex. The housewife is called upon to be an amateur electrician, mechanic, chemist, toxicologist, dietitian, and mathematician--but she is rarely furnished the information she needs to perform these tasks proficiently.
    Marketing is increasingly impersonal. Consumer choice is influenced by mass advertising utilizing highly developed arts of persuasion. The consumer typically cannot know whether drug preparations meet minimum standards of safety, quality, and efficacy. He usually does not know how much he pays for consumer credit; whether one prepared food has more nutritional value than another; whether the performance of a product will in fact meet his needs; or whether the "large economy size" is really a bargain.
    Nearly all of the programs offered by this Administration--e.g., the expansion of world trade, the improvement of medical care, the reduction of passenger taxes, the strengthening of mass transit, the development of conservation and recreation areas and low-cost power--are of direct or inherent importance to consumers. Additional legislative and administrative action is required, however, if the federal Government is to meet its responsibility to consumers in the exercise of their rights. These rights include:
    (1) The right to safety--to be protected against the marketing of goods which are hazardous to health or life.
    (2) The right to be informed--to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labeling, or other practices, and to be given the facts he needs to make an informed choice.
    (3) The right to choose--to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices; and in those industries in which competition is not workable and Government regulation is substituted, an assurance of satisfactory quality and service at fair prices.
    (4) The right to be heard--to be assured that consumer interests will receive full and sympathetic consideration in the formulation of Government policy, and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals.
    To promote the fuller realization of these consumer rights, it is necessary that existing Government programs be strengthened, that Government organization be improved, and, in certain areas, that new legislation be enacted.
    I. STRENGTHENING Of EXISTING PROGRAMS
    This Administration has sponsored a wide range of specific actions to strengthen existing programs. Major progress has already been achieved or is in prospect in several important areas. And the 1963 budget includes recommendations to improve the effectiveness of almost every major program of consumer protection.
    (1) Food and drug protection. Thousands of common household items now available to consumers contain potentially harmful substances. Hundreds of new uses for such products as food additives, food colorings and pesticides are found every year, adding new potential hazards. To provide better protection and law enforcement in this vital area, I have recommended a 2 percent increase in staff for the food and Drug Administration in the budget now pending before the Congress, the largest single increase in the agency's history. In addition, to assure more effective registration of pesticides, a new division has been established in the Department of Agriculture; and increased appropriations have been requested for pesticide regulation and for meat and poultry inspection activities.
    (2) Safer transportation. As Americans make more use of highway and air transportation than any other nation, increased speed and congestion have required us to take special safety measures.
    --The federal Aviation Agency has reexamined the Nation's air traffic control requirements and is designing an improved system to enhance the safety and efficiency of future air traffic.
    --The Secretary of Commerce has established an Office of Highway Safety it. the Bureau of Public Roads to promote public support of highway safety standards, coordinate use of highway safety research findings and encourage cooperation of State and local governments, industry, and allied groups--the Department of Health, Education, and Welfare is likewise strengthening its accident prevention work--and the Interstate Commerce Commission is strengthening its enforcement of safety requirements for motor carriers.
    --In addition, I am requesting the Departments of Commerce and of Health, Education, and Welfare, to review, with representatives of the automobile industry, those changes in automobile design and equipment which will help reduce the unconscionable toll of human life on the highways and the pollution of the air we breathe. Additional legislation does not appear required at this time in view of the automobile industry's action to incorporate in the new model design changes which will reduce air pollution.
    (3) Financial protection. Important steps are being taken to help assure more adequate protection for the savings that prudent consumers lay aside for the future purchase of costly items, for the rainy day, for their children's education, or to meet their retirement needs.
    --Legislation enacted last year has strengthened the insurance program of the federal Savings and Loan Insurance Corporation.
    --The Securities and Exchange Commission has undertaken at the request of the Congress a major investigation of the securities market which should provide the basis for later legislation and administrative measures.
    --The Postmaster General and the Department of Justice have stepped up enforcement of the mail fraud statutes. Arrests for mail fraud last year set an all-time record; and convictions increased by 35 percent over the previous year.
    (4) More effective regulation. The independent regulatory agencies also report increased emphasis on programs directly helpful to consumers.
    --The Interstate Commerce Commission has instituted proceedings designed to prevent excessive charges for moving household goods in interstate commerce.
    --The Civil Aeronautics Board has recently taken action to protect air travelers from abuses of overbooking.
    --The federal Trade Commission has intensified its actions against deceptive trade practices and false advertising affecting a variety of goods, including refrigerators, house paint, sewing machines, vacuum cleaners, kitchen utensils, food wrapping, and carpets.
    --The federal Power Commission is initiating a vigorous program to assure consumers of reasonable natural gas prices while assuring them of adequate supplies--revitalizing all of its regulatory programs in the electric power field--and undertaking a national power survey designed to identify ways of bringing down power costs in the decades ahead by making the best possible use of our capital and energy resources; and I recommend that the Congress enact legislation and make available funds to enable the Commission to provide for 34 million natural gas consumers the information similar to that now provided electrical consumers on typical bills in various areas, thus spotlighting abnormally high rates and stimulating better industry performance.
    --The federal Communications Commission is actively reviewing the television network program selection process and encouraging the expanded development of educational television stations; and it will also step up in fiscal year 1963 its enforcement program to prevent interference with air navigation signals, distress calls, and other uses of radio important to public safety.
    --For all of the major regulatory agencies, I am recommending increased appropriations for 1963 to provide the increased staff necessary for more effective protection of the consumer and public interest.
    --Of the important changes in agency organizational procedure recommended last year to eliminate delays and strengthen decision-making, the great majority have been authorized by reorganization plans or legislation and are being put into practice by agency heads; and, to permit similar improvements in the operations of the Securities and Exchange Commission and the federal Power Commission through greater delegation of assignments, I recommend enactment this year of legislation along the lines of S. 2135 for the SEC and S. 1605 and H.R. 6956 for the FPC.
    (5) Housing costs and quality. The largest purchase most consumers make in their lifetime is a home. In the past year, significant steps have been taken to reduce the cost of financing housing and to improve housing quality. The level of interest rates and other charges on mortgage loans has been reduced by a variety of federal actions. Under authority provided by the Housing Act of 1961, new programs have been started (a) to encourage experimental construction methods likely to develop better housing at lower cost, (b) to provide lower interest rates and longer maturities on loans for rehabilitation of existing housing, (c) to provide especially low cost rental housing for moderate income families, and (d) to provide housing for domestic farm labor. The same legislation also authorized demonstration grants to develop better methods of providing housing for low income families.
    (6) Consumer information and research-and consumer representation in Government. Government can help consumers to help themselves by developing and making available reliable information.
    --The Housing and Home finance Agency will undertake, under the budget proposed for fiscal 1963, new studies to discover ways of reducing monthly housing expenses, lowering the cost of land for home building, and minimizing financing charges.
    --The Department of Agriculture is undertaking similar research designed to help raise rural housing standards and reduce costs,
    --The food and Drug Administration will expand its Consumer Consultant Program which, together with the home demonstration program of the Agriculture Extension Service, now provides valuable information directly to consumers on product trends, food standards and protection guides.
    --The Bureau of Labor Statistics is now conducting a nation-wide survey of consumer expenditures, income, and savings, which will be used to update the widely-used Consumer Price Index and to prepare model family budgets.
    --Too little has been done to make available to consumers the results of pertinent government research. In addition to the types of studies mentioned above, many agencies are engaged--as aids to those principally concerned with their activities, in cooperation with industry or for federal procurement purposes--in testing the performance of certain products, developing standards and specifications and assembling a wide range of related information which would be of immense use to consumers and consumer organizations. The beneficial results of these efforts--in the Departments of Agriculture, Commerce, Defense, and Health, Education, and Welfare, and in the General Services Administration and other agencies--should be more widely published. This is but one part of a wider problem: the failure of governmental machinery to assure specific consideration of the consumer's needs and point of view. With this in mind, I am directing:
    --first, that the Council of Economic Advisers create a Consumers' Advisory Council, to examine and provide advice to the government on issues of broad economic policy, on governmental programs protecting consumer needs, and on needed improvements in the flow of consumer research material to the public; this Consumers' Council will also give interested individuals and organizations a voice in these matters;
    --Second, that the head of each federal agency whose activities bear significantly on consumer welfare designate a special assistant in his office to advise and assist him in assuring adequate and effective attention to consumer interests in the work of the agency, to act as liaison with consumer and related organizations, and to place increased emphasis on preparing and making available pertinent research findings for consumers in clear and useable form; and
    --Third, that the Postmaster General undertake a pilot program by displaying, in at least 100 selected post offices, samples of publications useful to consumers and by providing facilities for the easier purchase of such publications.
    II. NEW LEGISLATIVE AUTHORITY FOR ADDED CONSUMER PROTECTION
    In addition to the foregoing measures, new legislative authority is also essential to advance and protect the consumer interest.
    (A) Strengthen regulatory authority over foods and drugs
    The successful development of more than 9,000 new drugs in the last 25 years has saved countless lives and relieved millions of victims of acute and chronic illnesses. However, new drugs are being placed on the market with no requirement that there be either advance proof that they will be effective in treating the diseases and conditions for which they are recommended or the prompt reporting of adverse reactions. These new drugs present greater hazards as well as greater potential benefits than ever before-for they are widely used, they are often very potent, and they are promoted by aggressive sales campaigns that may tend to overstate their merits and fail to indicate the risks involved in their use. For example, over 20 percent of the new drugs listed since 1956 in the publication New and Non-Official Drugs were found, upon being tested, to be incapable of sustaining one or more of their sponsor's claims regarding their therapeutic effect. There is no way of measuring the needless suffering, the money innocently squandered, and the protraction of illnesses resulting from the use of such ineffective drugs.
    The physician and consumer should have the assurance, from an impartial scientific source, that any drug or therapeutic device on the market today is safe and effective for its intended use; that it has the strength and quality represented; and that the accompanying promotional material tells the full story--its bad effects as well as its good. They should be able to identify the drug by a simple, common name in order to avoid confusion and to enable the purchaser to buy the quality drugs he actually needs at the lowest competitive price.
    Existing law gives no such assurance to the consumer--a fact highlighted by the thoroughgoing investigation led by Senator Kefauver. It is time to give American men, women and children the same protection we have been giving hogs, sheep and cattle since 1913, under an act forbidding the marketing of worthless serums and other drugs for the treatment of these animals.
    There are other problems to meet in this area:
    --An extensive underground traffic exists in habit-forming barbiturates (sedatives) and amphetamines (stimulants). Because of inadequate supervision over distribution, these drugs are contributing to accidents, to juvenile delinquency and to crime.
    --Two billion dollars worth of cosmetics are marketed yearly, many without adequate safety testing. Thousands of women have suffered burns and other injuries to the eyes, skin and hair by untested or inadequately tested beauty aids.
    --Factory inspections now authorized by the pure food and drug laws are seriously hampered by the fact that the law does not clearly require the manufacturer to allow inspection of certain records. An uncooperative small minority of manufacturers can engage in a game of hide-and-seek with the Government in order to avoid adequate inspection. But protection of the public health is not a game. It is of vital importance to each and every citizen.
    --A fifth of all the meat slaughtered in the United States is not now inspected by the Department of Agriculture, because the coverage of the Meat Inspection Act is restricted to meat products moving across state lines. This incomplete coverage contributes to the diversion of unhealthy animals to processing channels where the products are uninspected and can, therefore, be a threat to human health.
    In short, existing laws in the food, drug, and cosmetic area are inadequate to assure the necessary protection the American consumer deserves. To overcome these serious statutory gaps, I recommend:
    (1) first, legislation to strengthen and broaden existing laws in the food and drug field to provide consumers with better, safer, and less expensive drugs, by authorizing the Department of Health, Education, and Welfare to:
    (a) Require a showing that new drugs and therapeutic devices are effective for their intended use--as wall as safe--before they are placed on the market;
    (b) Withdraw approval of any such drug or device when there is substantial doubt as to its safety or efficacy, and require manufacturers to report any information bearing on its safety or efficacy;
    (c) Require drug and therapeutic device manufacturers to maintain facilities and controls that will assure the reliability of their product;
    (d) Require batch-by-batch testing and certification of all antibiotics;
    (e) Assign simple common names to drugs;
    (f) Establish an enforceable system of preventing the illicit distribution of habit-forming barbiturates and amphetamines;
    (g) Require cosmetics to be tested and proved safe before they are marketed; and
    (h) Institute more effective inspection to determine whether food, drug, cosmetics, and therapeutic devices are being manufactured and marketed in accordance with the law;
    (2) Second, legislation to authorize the federal Trade Commission to require that advertising of prescription drugs directed to physicians disclose the ingredients, the efficacy, and the adverse effects of such drugs; and
    (3) Third, legislation to broaden the coverage of the Meat Inspection Act administered by the Department of Agriculture, to promote adequate inspection--in cooperation with the States and industry--of all meat slaughtered in the United States.
    (B) Require "truth in lending"
    Consumer debt outstanding, including mortgage credit, has almost tripled in the last decade and now totals well over $200 billion. Its widespread availability has given consumers more flexibility in the timing of their purchases. But, in many instances, serious abuses have occurred. Under the chairmanship of Senator Douglas, a subcommittee of the Senate Banking and Currency Committee has been conducting a detailed examination of such abuses. The testimony received shows a clear need for protection of consumers against charges of interest rates and fees far higher than apparent without any real knowledge on the part of the borrowers of the true amounts they are being charged. Purchasers of used cars in one study, for example, paid interest charges averaging 25 percent a year, and ranging well above this; yet very few were aware of how much they were actually paying for credit.
    Excessive and untimely use of credit arising out of ignorance of its true cost is harmful both to the stability of the economy and to the welfare of the public. Legislation should therefore be enacted requiring lenders and vendors to disclose to borrowers in advance the actual amounts and rates which they will be paying for credit. Such legislation, similar in this sense to the "Truth-in-Securities" laws of 1933-34, would not control prices or charges. But it would require full disclosure to installment buyers and other prospective credit users, and thus permit consumers to make informed decisions before signing on the dotted line. Inasmuch as the specific credit practices which such a bill would be designed to correct are closely related to and often combined with other types of misleading trade practices which the federal Trade Commission is already regulating, I recommend that enforcement of the new authority be assigned to the Commission. The Government agencies most concerned in this area have been cooperating with the subcommittee in developing the information necessary to prepare a workable and effective bill; and in view of the exhaustive hearings already held, I hope that the Congress can complete action on this important matter before it adjourns.
    (C) Manufacture of all-channel television sets
    Five out of six home television receivers today are equipped to receive programs on only the 12 very-high frequency (VHF) channels. As a result, in most areas, stations desiring to operate on any of the 70 ultra-high frequency (UHF) channels would usually have such small audiences that there is little incentive to make the substantial initial investment and continuing expenditures that effective broadcasting requires. The result is a sharply restricted choice for consumers.
    After extensive study, the federal Communications Commission has concluded that an effective and genuinely competitive nationwide television service, with adequate provision for local outlets and educational stations, is not possible within the narrow confines of 12 VHF channels. Legislation now before the Congress would authorize the Commission to prescribe the performance characteristics of all new television receivers shipped in interstate commerce to assure that they can receive both VHF and UHF. signals. I strongly urge its passage as the most economical and practical method of broadening the range of programs available. This step, together with the federal aid for construction of educational television stations which is nearing final passage by the Congress, will speed the full realization of television's great potential.
    (D) Strengthen laws promoting competition and prohibiting monopoly
    The most basic and long-standing protections for the right of consumers, to a choice at a competitive price, are the various laws designed to assure effective competition and to prevent monopoly. The Sherman Act of 1890, the Clayton Act of 1914, and many related laws are the strongest shields the consumer possesses against the growth of unchecked monopoly power. In addition to the measure now nearing final passage which would provide subpoena powers for civil as well as criminal antitrust investigations, several other improvements are needed:
    (1) The federal Trade Commission should be empowered to issue temporary cease-and-desist orders against the continuance of unfair competitive practices while cases concerned with permanent relief from such practices are pending before the Commission. Under the present law, smaller competitors may be driven into bankruptcy or forced to accept merger on adverse terms long before present remedies become effective, thus reducing the competitive safeguards vital for the consumer. Similarly, deceptive trade practices in consumer goods may do their damage long before the Commission can "lock the barn door." I, therefore, reiterate my previous recommendation that the Congress give prompt consideration to effective legislation to accomplish this purpose.
    (2) The consumer's right to a reasonable price can also be adversely affected by mergers of two business firms which substantially reduce effective competition. As in the case of unfair methods of competition, damage once done is often irreparable, and the Government, acting through the courts, cannot readily restore the degree of competition existing prior to the merger. Accordingly, I strongly recommend enactment of legislation to require reasonable advance notice to the Department of Justice and to the appropriate Commission or Board of any merger expected to result in a firm of substantial size. This will enable the businessman to obtain advice in advance, without litigation, as to whether a proposed merger would be regarded as contrary to the public interest. In addition, along with the recommended authority for the FTC to issue cease-and-desist orders, it is an essential safeguard against combinations which might cause unwarranted increases in consumer prices.
    (3) In view of the potentially anti-competitive abuses to which the use of patents and trademarks are by nature subject, I recommend
    --enactment of legislation requiring publication of the terms of all settlement agreements between different persons applying for patent rights on the same invention--for recent hearings have shown that such agreements may include features designed to weaken future competition at the expense of the consumer; and
    --enactment of legislation authorizing the FTC to apply for the cancellation of any trademark which is, or becomes, the common descriptive name of an article and thus should be in the public domain. While a competitor has such a right today, it is important-if the FTC is to have clear authority to halt this kind of unfair commercial advantage--that the Senate insert this provision in its review of trademark legislation (H.R. 4333) already approved by the House.
    (E) "Truth in packaging"
    Just as consumers have the right to know what is in their credit contract, so also do they have the right to know what is in the package they buy. Senator Hart and his subcommittee are to be commended for the important investigation they are now conducting into packaging and labeling practices.
    In our modern society good packaging meets many consumer needs, among them convenience, freshness, safety and attractive appearance. But often in recent years, as the hearings have demonstrated, these benefits have been accompanied by practices which frustrate the consumer's efforts to get the best value for his dollar. In many cases the label seems designed to conceal rather than to reveal the true contents of the package. Sometimes the consumer cannot readily ascertain the net amount of the product, or the ratio of solid contents to air. Frequently he cannot readily compute the comparative costs per unit of different brands packed in odd sizes, or of the same brand in large, giant, king size, or jumbo packages. And he may not realize that changes in the customary size or shape of the package may account for apparent bargains, or that "centsoff" promotions are often not real savings.
    Misleading, fraudulent or unhelpful practices such as these are dearly incompatible with the efficient and equitable functioning of our free competitive economy. Under our system, consumers have a right to expect that packages will carry reliable and readily useable information about their contents. And those manufacturers whose products are sold in such packages have a right to expect that their competitors will be required to adhere to the same standards. Upon completion of our own survey of these packaging and labeling abuses, in full cooperation with the Senate Subcommittee, I shall make recommendations as to the appropriate roles of private business and the federal Government in improving packaging standards and achieving more specific disclosure of the quantity and ingredients of the product inside the package in a form convenient to and useable by the consumer.
    As all of us are consumers, these actions and proposals in the interest of consumers are in the interest of us all. The budgetary investment required by these programs is very modest--but they can yield rich dividends in strengthening our free competitive economy, our standard of living and health and our traditionally high ethical patterns of business conduct. Fair competition aids both business and consumer.
    It is my hope that this Message, and the recommendations and requests it contains, can help alert every agency and branch of government to the needs of our consumers. Their voice is not always as loudly heard in Washington as the voices of smaller and better-organized groups--nor is their point of view always defined and presented. But under our economic as well as our political form of democracy, we share an obligation to protect the common interest in every decision we make. I ask the Congress, and every Department and Agency, to help in the fulfillment of that obligation.
    JOHN F. KENNEDY
    THE WHITE HOUSE
    March 15, 1962"